Rechazada la propuesta de convertir el cuartel de la Guardia Civil en viviendas protegidas
La propuesta de Sumar para convertir el cuartel de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels Horts en viviendas de alquiler protegido ha sido rechazada en la Comisión de Defensa del Congreso con los votos en contra de PP, PSOE y Vox.
El Gobierno central considera la cesión como “innecesaria” y “sin fundamento”. La iniciativa ha reavivado el debate sobre si el Estado debe ceder inmuebles para fines sociales o preservar sus símbolos en Cataluña.
El diputado del PP Agustín Parra ha defendido que el cuartel sigue siendo “operativo” y que su cesión “no ofrece garantías para las familias” ni para la seguridad ciudadana. Ha afirmado que la solución a la crisis habitacional pasa por “políticas eficaces de suelo, inversión y colaboración entre administraciones”.
El diputado del PSOE Javier Rodríguez ha subrayado que la posibilidad de cesión ya fue evaluada y descartada. Ha señalado que en el cuartel viven “32 familias perfectamente arraigadas” y que ya se prevé la construcción de 500 viviendas sociales en la localidad.
El diputado de Vox José María Sánchez García ha calificado la propuesta como “rancia e inaceptable tomadura de pelo” y ha acusado a Sumar de “antimilitarismo”.
El terreno fue cedido al Estado en 1989 para uso exclusivo del Ministerio del Interior. Cualquier modificación requiere acuerdo entre administraciones, respeto a los derechos adquiridos y evaluación técnica del impacto en la seguridad.
El alcalde Miguel Comino (PSC) ha aclarado que “no se trata de expulsar a nadie”, sino de “abrir un proceso institucional” para analizar el uso del inmueble.
El cuartel está ubicado en una zona urbana consolidada y alberga 36 viviendas, de las cuales 32-34 están habitadas por familias de agentes con menores escolarizados y participación activa en la vida vecinal.
La controversia ha situado a Sant Vicenç dels Horts en el centro de un debate nacional sobre el uso del patrimonio público estatal en la política de vivienda. Para unos, es una oportunidad de gestión social; para otros, una maniobra política que estigmatiza a los cuerpos de seguridad.
El municipio, con más de 28.000 habitantes, sufre una alta presión habitacional y ha visto subir los precios del alquiler más de 30 % en la última década.